Participación ciudadana

En términos generales, la participación ciudadana es el proceso mediante el cual la ciudadanía toma parte en la búsqueda de soluciones a los temas de la comunidad, participando en igualdad de condiciones en los procesos de formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de políticas públicas, con la intención de incidir en la toma de decisiones que afectan su vida y la de las futuras generaciones. (Espinosa, 2009).

Los mecanismos de participación ciudadana son los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a la participación democrática, y permiten la intervención de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y control del poder político[1]. En Colombia, la normatividad que da origen a estos mecanismos es el Artículo 103 de la Constitución de 1991, que establece como tales, el voto, el referendo, la consulta popular, la iniciativa popular legislativa y normativa, la revocatoria de mandato, el plebiscito y el cabildo abierto; reglamentados inicialmente por la Ley 134 de 1994; reformada por la Ley estatutaria de participación, 1757 de 2015.

De una manera afirmativa, la carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009), expresa que “la participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política”.  

Se ha analizado la Participación como un proceso; que requiere del reconocimiento y canalización de los intereses particulares, por parte de los actores hacia fines comunes; sin embargo, estos procesos tienen diferentes niveles, definidos en términos de logros, de alcances a los que se puede llegar a intervenir y en la autonomía que se pueda alcanzar.

Desde esta lógica se pueden identificar diferentes niveles de Participación, que clarifican la complejidad de este proceso, que es necesario tomar en cuenta para entender el desarrollo de las dinámicas relacionadas con la proporcionalidad existente entre objetivos a lograr por parte de los grupos sociales y las exigencias que estos grupos demandan a la institucionalidad.

Estos niveles van desde la información, que es el básico requerido para el desarrollo de cualquier proceso participativo, en la medida en que deben garantizarse a los integrantes de una comunidad específica, los datos, hechos y elementos que se requieren para el manejo de una situación específica, hasta la gestión, entendida como el nivel superior e ideal de participación, dentro del cual los integrantes de la comunidad toman parte incidente en la administración de recursos e iniciativas públicas y formulan alternativas viables para mejorarlas o implementarlas. (Villegas, 2003).

En lo relacionado con las tipologías de participación, se identifican la Participación Social, la Comunitaria, la Ciudadana y la Política, todas ellas con profundas interrelaciones y dinámicas entre sí.

De esta manera, la Participación Social se refiere al proceso de agrupamiento de los individuos de distintas organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación de sus respectivos intereses, el nivel de organización está representado con su respectivo interés.   La participación comunitaria está orientada hacia las acciones ejecutadas colectivamente por los ciudadanos en la búsqueda de la solución a las necesidades “comunes” de su vida cotidiana, directamente vinculadas a su desarrollo y enmarcadas en un territorio específico. Pueden contar  o no con la presencia del Estado. Las acciones emprendidas por los comités pro-pavimentación, pro-acueducto, etc, son ejemplos de ella. La participación ciudadana, se relaciona con la intervención de la ciudadanía en la esfera pública en función de intereses sociales de carácter particular. La representación de Usuarios de Servicios Públicos, Los Comités de Veeduría Ciudadana, Las Juntas Administradoras Locales, etc, son sus ejemplos más significativos. Mientras que la participación política se relaciona con la utilización de instrumentos como el voto para el logro o la materialización de intereses y aspiraciones compartidas. (Villegas, 2003).